Seguro de defensa jurídica para el hogar

La totalidad de la protección que brindan las pólizas de  seguros es ignorada por gran parte de la población, a pesar que  muchas de ellas son  adquiridas por la mayoría de las familias, como por ejemplo los seguros de coche y hogar, que por lo general  incluyen cobertura de defensa jurídica, sin embargo este término no es bien conocido por muchos por lo que es importante la familiarización con el mismo.

Concepto de Protección Jurídica

Muchas veces los beneficiarios de las pólizas deben enfrentar procedimientos judiciales o administrativos que acarrean altos costos, sin embargo no saben que la protección jurídica es precisamente la garantía ofrecida por las aseguradoras para cubrir estos gastos. Los beneficios incluyen solicitud de indemnización por daños causados, asesoramiento a la persona y reclamación en su nombre.

El objetivo principal es ofrecer defensa a la persona en situaciones de reclamaciones o conflictos, ya sea por vía legal o amistosa. El asegurado no tendrá que cancelar ningún monto extra por los gastos que impliquen abogados, notarios y trámites de cualquier juicio.

Ya es conocido que existen seguros específicos para este tipo de eventualidades como lo son los de defensa jurídica, sin embargo algunas pólizas populares como las del hogar o del automóvil pueden ofrecer este tipo de beneficios aunque de manera limitada.

Debes saber que si dispones de esta cobertura, tu seguro te ofrecerá la posibilidad de elegir libremente abogado. Esta opción se suele elegir cuando por ejemplo en un accidente de tráfico se han producido lesiones o fallecimiento. Si decides contratar los servicios de un abogado independiente que sea especialista en accidentes de tráfico puedes hacerlo con nosotros, simplemente deberás comunícarlo a tu aseguradora. Tu seguro deberá asumir el coste según la garantía que hayas contratado, pues cada póliza tiene una cobertura distinta para asumir los gastos de la libre elección de abogado.

Beneficios y cobertura del seguro de defensa jurídica

Aunque las condiciones varíen de una empresa a otra, (es importante  informarse bien sobre las mismas antes de adquirir el seguro)  la Póliza de Seguro de Defensa Jurídica cubrirá los costos que puedan producirse e  involucren a las personas que estén incluidas en ella, sin importar sin son los denunciados  o los reclamantes.

La mayoría de las pólizas incluyen los siguientes riesgos:

  • Demandas en las comunidades de vecinos a causa de cualquier conflicto que pueda surgir, así como también por problemas en obras realizadas en la vivienda.
  • Redacción y revisión de textos legales.
  • Defensa civil, laboral y penaldel asegurado, si no ha actuado de mala fe.
  • Reclamaciones de consumopor conflictos generados con los contratos de suministros y por la compraventa de bienes.
  • Asesoramiento telefónico en materia jurídica para casos de alquileres de viviendas, dudas sobre divorcios, obras, herencias, compraventa, entre otros.
  • El asegurado tendrá derecho a elegir el abogado y procurador de su preferencia pero que ejerza en la misma zona donde se ejecuta el procedimiento legal.
  • Gastos derivados de los procedimientos judicialesen los que esté inmerso el asegurado.

Es muy importante que antes de contratar cualquier póliza que contenga estos beneficios se lea la letra pequeña donde aclara ciertos puntos básicos para estar seguro que sea de la conveniencia de los futuros asegurados, tales como: límites de pago de los honorarios de los abogados, si pertenece a una franquicia, condiciones especiales (estas pueden incluir términos de negación de servicios si consideran que el proceso no es viable).

Hay que tener claro que ciertas funciones como el pago de multas o indemnizaciones de los gastos derivados de las sanciones impuestas al asegurado y las reclamaciones contra bancos, estarán excluidas.

Recuerda que puedes contratar la defensa jurídica como un seguro independiente o adquirirla en el seguro del hogar o del coche como una cobertura más y esta amparará a todas las personas que estén incluidas en la misma.

Nuestra opinión sobre la Sentencia del Tribunal Supremo por los Acuerdos Privados

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ibercaja frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, confirmando la de primera instancia, había declarado la nulidad de la cláusula suelo y su posterior novación mediante contrato privado.

 

En nuestra opinión esta sentencia no tiene argumentación jurídica valida. Pues bien analizando los detalles, un cliente contrata una hipoteca con un Euribor + Diferencial y con un limitación del interés, dicha limitación es insertada en una escritura de préstamo hipotecario sin ser suficientemente clara y además abusiva lo cual el mismo el supremo dice que las cláusulas que no pueda demostrar su transparencia tienen que ser declaradas nulas, en este caso tendría que ser así, pero parece ser que en el año 2014 estos clientes al no poder hacer frente a más pagos de su  hipoteca les hicieron rellenar un papel con una serie de cláusulas blindadas a favor de la banca, donde lógicamente ponía que no se les iba a reclamar nada y que tendrían una nueva cláusula suelo que seria del 2,25 cuando anteriormente era del 4,25.

 

Creemos que queda bien reflejada la mala fe de la banca cuando intentan hacer un documento de novación para que los clientes no reclamen a posteriori los años cobrados de más por la cláusula suelo. Si esta cláusula suelo es considerada nula, por que tendría validez un documento privado que nova la cláusula anterior mencionada?

Según el supremo este último acuerdo valida la primera cláusula suelo haciendo así una mala interpretación al articulo 1303 del código civil que es muy claro y contundente ” Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.”

 

Otro dato más, en el acuerdo de transacción fijado entre la banca y el cliente, se le prohíbe sus derechos para poder reclamar o litigar habiendo quedado resuelto dicho conflicto. Lógicamente esto la banca lo hace para poder así lavarse las manos, pues bien según la ley del consumidor Para que valga la renuncia se exige que se trate de un derecho disponible y que no sea contraria ni a la ley ni al orden público, que en este caso lo es.

En resumidas cuentas esta sentencia cuestiona el código civil, ya que hay clausulas que son nulas de pleno derecho.